El abasto de agua
garantizado en Baja California ha sido un tema estratégico para el Estado
Mexicano, la reflexión nos lleva a varias interrogantes: ¿Qué pasa si la Zona
Metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate demandará más agua del Río Colorado? ¿De
dónde podemos abastecer de agua a una sociedad pujante y progresista, pero que
además sirve de contención a intereses extranjeros en esta parte de la Frontera
Norte de México? Cuando una sociedad como la bajacaliforniana, como la de los
inicios del siglo XX, como la actual y las que tengamos en el futuro ¿Cuando
una sociedad como esta se ve amenazada para su existencia futura de quién es el
problema? ¿Para prevenir y resolver un problema de esta magnitud, quién o
quiénes deben intervenir? ¿El gobierno federal, el estatal, el ayuntamiento o
es responsabilidad exclusiva de la población civil? En síntesis se trata de un
tema exclusivo del Estado Mexicano, aún en las soluciones que impliquen
colaboración internacional en temas de seguridad y desarrollo sustentable. En
este sentido, parte de la respuesta a la pregunta de tesis debe ser
interpretada como un tema de seguridad nacional. En esta perspectiva, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
define el campo de acción, cuando de amenazas y de riesgos de trata. Por
Seguridad Nacional debe entenderse a la que:
condensa una serie de objetivos e intereses estratégicos
nacionales, tales como la protección de la nación mexicana frente a las
amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales
y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación
de la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima
del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional;
y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la
preservación de la democracia.[1]
El Estado Mexicano
está obligado a garantizar su presencia en la Frontera Norte de la península
bajacaliforniana, a través de las instituciones y de la vida cotidiana. Sin
embargo es necesario considerar previsiones que refiere Luis F. Aguilar
Villanueva en la Gestión Estratégica, cuando afirma que existen «nuevas
condiciones nacionales e internacionales». Además de una nueva relación entre
el gobierno mexicano y sus ciudadanos, el Estado Mexicano está obligado para
actuar en un contexto «multidimensional y cambiante cuyos eventos y efectos
pueden anticipar y controlar de manera desigual y con éxitos inestables, según
materias y circunstancias específicas».[2]
Por su parte, José María Ramos se refiere a diversos factores que han acentuado
los índices que ponen en riesgo la seguridad integral.
Desde el 2004 los problemas de inseguridad, violencia y
criminalidad se han agudizado en México y en sus principales ciudades
fronterizas del norte. Este contexto, es producto de una ineficaz gobernanza
tanto nacional como transfronteriza en el diseño e implementación de políticas
reactivas y de prevención promovidas por el Estado mexicano.[3]
El clima de inseguridad alcanzó
a la sustentabilidad del agua, por la ausencia de un gobierno democrático y
eficaz no está presente la gobernanza como tal. Podemos afirmar que solamente
respetando las condiciones democráticas y una gobernanza integral, es la única
forma para garantizar la presencia del Estado Mexicano, de lo contrario se queda
rebasado por el actuar social de esta nueva generación. Hoy, el Estado Mexicano
está obligado a fortalecer sus políticas públicas para prevenir amenazas y
riesgos, como la escasez del agua y su eminente crisis social, a menos que se
active una gobernanza orientada al medio ambiente y que garantice la gestión
hídrica eficaz. Lo puntualiza José María Ramos García en Gobernanza por resultados en la política ambiental: agendas y contexto
internacional y regional,[4]
nos hace ver que para lograr una seguridad garantizada por el Estado, ya no
basta la gobernabilidad democrática, además es necesario agregar y evaluar los
resultados de la gestión gubernamental en todos sus niveles, prioritariamente
en temas como el agua. Su obra es fundamental para esta parte del país, por su
contexto y por los temas pendientes en la agenda de desarrollo que obligan a la
cooperación internacional, al desarrollo regional en seguridad, pero ahora
desde un nuevo frente, desde un nuevo reto para el Estado: garantizar la (seguridad
de la) sustentabilidad.
Ramos García también
se refiere las acciones integrales y transversales, reafirma la importancia de
un nuevo modelo de diagnóstico, a la planeación desarrollo que considere
«fundamental fortalecer un enfoque de gobernanza estratégico y transversal como
medios para fortalecer tales políticas y con ello reducir las situaciones de
riesgo que vive la sociedad mexicana».[5]
Por las razones y obligaciones expuestas, es prioridad para el Estado mexicano proteger
a la población de riesgos y amenazas potenciales, una de ellas es la eminente
escasez de agua en siglo XXI. Marco Antonio Samaniego sabe de cuánta agua
disponemos, pero ahora es necesario conjugar el volumen con otra variable: el
número de población. Además de mantener vigente nuestra independencia y nuestra
identidad en la convivencia cotidiana, en un contexto de paz y con un alto
sentido de corresponsabilidad pero respetuosos de nuestra jurisdicción nacional
y responsables de nuestro campo de acción, no más allá de ningún límite. Es en
el tema del agua en la frontera de Baja California, donde además coincide el
Derecho Internacional y la garantía gubernamental mexicana por alentar todas
las actividades del ser humano. El Estado actúa desde las instituciones en todo
un marco de acción cada vez más democrático, más desde la gente que desde el
gobierno, de más libertades, más progresista en sus temas, como la equidad de
género y el desarrollo sustentable, más orientados a los grupos vulnerables. En
la visión de la responsabilidad por proteger a la nación y al ser humano,
además de la preservación del Estado Mexicano al atender los temas de seguridad
nacional.
En mi argumento
debería probar mi hipótesis con sobradas pruebas que sostengan mis
cuestionamientos, sustentarla con elementos teóricos de diversos autores, más
allá del argumento de que sin agua no hay vida y probar de forma contundente la
razón de esta disertación académica.[6]
En ese sentido, Gian Carlo Delgado en su obra Agua y Seguridad Nacional
hace referencia al mandato presidencial de Vicente Fox, menciona una reforma a
la Ley de Aguas Nacionales y que en dicha reforma se aprobó la transferencia de
recursos a las entidades federativas y a los Ayuntamientos, dice que se
favorece la descentralización de la gestión en materia de agua. Un argumento es
contundente y hay que citarlo: «hay que leerla con cuidado. Es cierto que el
manejo y gestión del agua ecológicamente es más apropiada a nivel de cuencas,
independientemente de los límites entre estados o naciones, no obstante, en el
caso de la ley, debido a la manera de su diseño, que la descentralización
permite una serie de factores contraproducentes al cuidado de la seguridad
nacional».[7]
En esta parte es necesario distinguir lo establecido en el Artículo 115
Constitucional, cuando otorga facultades a los municipios, para la prestación
de servicios del agua potable y que en Baja California los Ayuntamientos han
renunciado a la facultad constitucional, o se la han arrebatado, presumiblemente
en aras de la seguridad nacional. Es necesario tener presente las definiciones
de los conceptos establecidos en la Nueva
Ley de Aguas Nacionales.
El Presidente Fox
reformó la Ley Nacional de Aguas y le
transfirió las facultades a los estados y municipios, sin menoscabo ni en contra sensu de lo establecido en el 115.
Afirma Gian Carlo Delgado, con respecto a la reforma foxista, que se dio bajo
el argumento de ser un tema de interés público, pero afirma Delgado que
es contraproducente a la Seguridad Nacional. Entonces me pregunto, ¿cómo una
renuncia de los Ayuntamientos en Baja California a la prestación del servicio
del agua potable puede ser por razones de seguridad nacional? ¿La atribución de
facultades a los estados y municipios en temas de la Ley Nacional de Aguas
puede atentar, o atenta, contra la seguridad nacional? Pudiera parecer una
contradicción, sin embargo hay que considerar el manejo binacional de recursos
compartidos en la frontera y la importancia de la seguridad por razones de interdependencia,
una interdependencia binacional que alcanza otros factores, además del agua que
es el elemento principal de nuestro tema de tesis. En todos los casos, para el
Estado Mexicano se trata de mantener el equilibrio de poder, la soberanía nacional,
la autodeterminación, la paz y toda la vida social, en ambos lados de la
frontera, dentro de un gran reto: la corresponsabilidad social que garantice la
seguridad humana.[8] Los
nuevos escenarios se enfrentan con variables descritas por José María Ramos, en
el contexto regional e internacional, la elaboración de la nueva agenda del
Estado Mexicano implica la aplicación de la Gestión Estratégica en temas
relacionados a la sociedad en su conjunto, a los procesos económicos y al medio
ambiente.
Para explicar las
diferencias que puedan existir sobre el tema de la seguridad nacional y las
facultades de los Ayuntamientos, tres especialistas relacionaron las variables
agua, seguridad y desarrollo en esta parte del país, sin embargo justo es decir
que únicamente se refieren al concepto seguridad, sin calificativos.
Para ellos «La inseguridad del agua es un problema para los individuos y
hogares en las ciudades fronterizas mexicanas».[9]
Pronostican que habrá graves problemas en el sistema de agua de Tijuana,
explican que es corto el tiempo para la planeación en relación a las acciones
de gobierno que se puedan realizar y a la capacidad para construir una
infraestructura que resuelta el problema del abasto, pero que además que garantice
el abasto. En contraste, la parte central de su argumento radica en que el
manejo de agua requiere un manejo binacional y la seguridad es de mutua
responsabilidad.
Por mi parte, afirmo
que las personas que se han encargado de la planeación metropolitana no han
tenido ni la vocación, ni el compromiso ni la capacidad para prever la
dimensión catastrófica que puede representar el problema del agua, incluso
afirmo que al promover más fraccionamientos y asentamientos humanos la han
provocado, y en caso que no la hayan provocado por lo menos la han agudizado,
tal vez las dos cosas.
Para distinguir con la
renuncia de la facultad de los Ayuntamientos a la prestación del servicio de
agua potable en Baja California, y que terminó por otorgarle al gobierno
estatal esta atribución constitucional; para distinguirla de la Ley de Aguas
Nacionales, reformada en el período del presidente Fox, y que le otorga
facultades a los estados y municipios en aguas tradicionalmente administradas
por la federación; para poner en relieve las diferencias que a simple vista
parecen ser iguales en temas de agua y seguridad, es necesario volver a
mencionar la obra de Gian Carlo Delgado con respecto a la reforma foxista y la
advertencia que nos hizo en el sentido que dicha reforma es contraproducente a
la Seguridad Nacional. Los factores mencionados por Delgado se encuentran en la
reforma a la Ley de Aguas Nacionales, y dichos factores debilitan la garantía
de abasto de agua potable (a las ciudades de Baja California, pero sólo me
refiero) a la zona metropolitana y a los gobiernos locales objeto de nuestro
estudio. Para Gian Carlo Delgado la reforma:
- Permite
y estimula la participación del sector privado.
- No
limita en ningún momento la actuación de actores extranjeros en el acceso,
gestión, y usufructo de un recurso considerado como estratégico.
- Al
permitir acuerdos entre actores privados extranjeros y los municipios o
estados, coloca a estos últimos en condiciones de total desventaja al
momento de negociar.
- En
el caso de la biodiversidad, es bien conocida y ha generado la transferencia
masiva de la gestión y usufructo del recurso al sector privado o
«prestadores de servicios ambientales», en su mayoría actores extranjeros
o nacionales con vínculos con los primeros.
- Todo
bajo la justificación que los estados y municipios no cuentan con
suficiente capital para asumir la responsabilidad de su gestión.
- El
Capítulo II, artículo 7 bis (inciso X) considera «asunto de interés público»
la organización de los organismos «privados» prestadores de servicios de
agua rurales y urbanos, entre otros, así como la vinculación de los tres órdenes
de gobierno, para consolidar los Consejos de Cuenca.
- Lo
que es de interés público nacional es ¡el negocio privado nacional y
extranjero![10]
En la Zona Metropolitana TRT,
aquí es donde estriba la diferencia, aquí es donde se conjuga el Estado que
para Marx significa la razón de la fuerza, y al mismo tiempo coincide con el
Estado al que hago referencia, que se distingue por tener la fuerza de la
razón, del humanismo estatal para proteger a sus habitantes. Me refiero al
Estado que acertadamente Octavio Paz llama como el Ogro Filantrópico, el Estado
que tutela, el Estado que prevé, cuida, protege y amenaza con castigar a través
de sus leyes. En esta diferencia es posible explicar la razón del Estado
revolucionario y nacional contra el entreguismo que se ha hecho en los últimos
años; el Estado al que evoco estableció acciones que todavía disfrutamos. Sin
embargo es necesario abordar otros temas, como la reconfiguración
administrativa y su forma de operar, ya de forma tradicional o con una gestión
estratégica que permita el diseño de instrumentos y políticas públicas
orientadas al agua suficiente, a la necesaria seguridad de todos los
habitantes.[11]
También está otra
visión con respecto al poder del Estado, la de Fukuyama,[12]
él cuestiona las estructuras y las formas existentes de hacer, pero propositivo
con respecto a lo necesario en un nuevo milenio, en una nueva sociedad donde
las referencias son distintas, ya no se trata de beneficiar donde los puntos de
apoyo han cambiado. Un poco lo describe Jean Baudrillard en cuanto a lo
transpolítico, o como lo define José María Ramos en lo transfronterizo. Nuestro
tema del agua en esta zona del país nos exige una forma de planeación
binacional, transpolítica, transfronteriza y transgubernamental, transversal pero
sobre todo con una gran capacidad de transformación.
Esta zona
metropolitana, con su eje principal en Tijuana, es una fuente para los más
diversos estudios de la modernidad, siempre inagotables. La sociedad que se
forma, día a día, como producto de la conurbación entre Tijuana, Rosarito y
Tecate, no sólo nos arroja una concepción distinta en la forma de comprender el
y al Estado-Nación, al mismo tiempo se conjuga con su contraparte, con su parte
complementaria de un fenómeno urbano y social que se encuentra en otra nación,
por lo que parece ser un Estado-Binacional, en primera instancia así parece,
pero visto a profundidad vivimos es un Estado que rompe fronteras, en un Estado
vencido por la condición humana, por el ser humano que es la razón del mismo
Estado, un Estado ahora reinventado. No está en nuestra razón decir si es
fallido, reinventado, resucitado, transmutado. Simple, es necesidad, es otro
Estado y dos naciones.
Para entender estos
cambios, los de esta Zona Metropolitana y de otros lugares, Fukuyama aborda
tres temas en radiografía y filosofía del Estado, para él es necesario entender
las partes muertas del viejo sistema Estado-Nación, por lo menos identificar
los aspectos que ya lo hacen inoperante; por ejemplo la misma fuerza represiva
que servía para proteger al Estado pero en realidad protegía un régimen, ahora
ese régimen y esa fuerza ya no existen con la presencia de los Derechos Humanos,
aunque la práctica cultural está viva. El autoritarismo está vivo en algunas
personas que no han cambiado su estructura mental, su visión, su enfoque, inhumano
sería pedirles que cambiaran cuando ni las instituciones han podido
reinventarse por completo para hacer frente al Siglo XXI y sus nuevos retos,
entre ellos el del agua que es el centro de nuestra disertación. El agua,
universal y democrática, como razón de ser del Estado, nuevo o viejo,
transmutado o perpetuado, sin agua no hay nada, ni esperanza, ni progreso, ni
trabajo ni castigo, ni comida ni dinero, ni recreación ni forma de apagar esos
infiernos del ser humano. En lo que respecta a México y al gobierno de Baja
California más difícil les resulta entender la necesidad de cambiar para
mantener una nueva expresión, una nueva dimensión que incluso alcanza a las
formas tradicionales y fronteras de hacer gobierno y de hacer política en ambos
Estados-Naciones.
Otro de los temas
que nos exige la gestión hídrica eficaz para Baja California es la necesidad de
coordinar la planeación a nivel metropolitano, tanto en el ordenamiento
territorial, uso de suelo, equipamiento, prospectivas poblacionales, agua
disponible y modificaciones gubernamentales, a sus prácticas e instituciones de
gobierno. Esta necesidad también nos exige la planeación binacional y al
hacerlo, aunque no aparezca en ningún marco jurídico, por su mismo ejercicio es
una transformación al Estado hasta ahora conocido. Hay que agregar esa
Gobernanza diseminada por Aguilar
Villanueva para prácticas más universales y democráticas de gobierno. La visión
de Fukuyama ya no trata de fortalecer al Estado tradicional, sino de rebasarlo
con la acción de la sociedad civil.
Es cierto el
argumento de Gian Carlo Delgado, la reforma abre la puerta para la
participación de particulares en el suministro y administración del agua, lo que
en Baja California significa una verdadera amenaza para la seguridad de la
población y para la seguridad nacional. Sin embargo, la reforma foxista es una
perspectiva desde el enfoque tradicional de la administración pública y no
considera al agua como elemento estratégico.
2.1 hacia un modelo sustentable en la gestión estratégica de los asentamientos humanos
La tesis aporta a los pocos trabajos de investigación en
la relación de estudios urbanos, crecimiento poblacional y poca disponibilidad
de agua. En este caso, desde la administración pública no se puede entender la
gestión hídrica eficaz en cada municipio si no somos capaces de adoptar los
argumentos de Vicente
Sánchez Munguía, con respecto a la acciones de los gobiernos locales en materia de agua. Para Sánchez Munguía «el crecimiento
urbano y demográfico en la frontera México-Estados Unidos en las últimas
décadas ha dado origen a una creciente demanda de agua en un contexto marcado
por la limitada disponibilidad de fuentes alternativas para satisfacerla, tanto
ahora como en el futuro.» Son temas que Marco Antonio Samaniego López conoce
perfectamente con respecto al agua en la frontera y al volumen de agua
disponible desde 1944, para Samaniego no es posible «comprender la vida de los
diferentes grupos que han poblado la región» sin entender la trascendencia del
agua. Sin embargo es necesario darle continuidad al discurso del crecimiento
urbano causado por un mayor número de personas y que cada día demandan agua. El
volumen referido por Samaniego cada día será menor porque se repartirá entre el
número de habitantes que ya se tienen y que se pronostican, de ahí la
importancia de abordar los temas relativos al modelo sustentable de la gestión
estratégica en materia urbana, el crecimiento urbano debe de ser sustentable,
por lo menos orientarlo a la sustentabilidad. Desde el argumento de Vicente
Sánchez Munguía, el crecimiento poblacional y urbano ha demandado más agua en
esta parte de la frontera, el valor de la tesis reside en cómo administrar un
agua que no tenemos en abundancia. Al acotar el tema de tesis no podemos dejar
de lado el análisis del contexto binacional ni la planeación del futuro en un
marco de cooperación binacional, tampoco el tema relativo a lo metropolitano, para
Tonatiuh Guillen López y Guillermo Alonso Meneses son elementos de una agenda donde
coinciden los temas relativos a la seguridad humana, más allá de la seguridad
nacional, y también la cooperación internacional en materia de agua y
sustentabilidad, entre otros temas relativos como las desalinadoras. Cabe decir
que si las mencionamos es porque son parte de la tesis y no el interés central
de nuestra investigación, aunque son tema para diversas investigaciones. Al
enfatizar la tendencia del crecimiento poblacional en la zona metropolitana de
esta frontera y en los instrumentos de gestión que hacen su mejor esfuerzo para
hacer posible que el volumen de agua del Río Colorado, asignado por el Tratado
internacional de 1944, alcance para las necesidades de los habitantes de esta
zona, no sólo para los habitantes de hoy sino también para los habitantes del
futuro, de ahí la importancia de rescatar el valor de los municipios e
integrarlos en las acciones transversales de gobierno. Los siguientes argumentos
están ligados a una solución de un problema que hemos planteado, incluyendo la propuesta de un modelo de
Gestión Integral del Agua (GIA). De hecho, Luis Aboites y Valeria Estrada
afirman que el tema del agua no puede ir desligado de su contexto, nos advierten
el riesgo de perder la objetividad con un análisis aislado de sus elementos, de
ahí la importancia de integrar los «factores
históricos y sociales para que reflejen de la manera más objetiva la finalidad
del instrumentos jurídico, y al mismo tiempo, el proceso social y político de
su tiempo y de su conjunto».
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) confirma el
hecho de que México se encuentra inmerso en un proceso acelerado de
urbanización, del 2005 al 2035 una cuarta parte de la población vivirá en zonas
rurales y tres cuartas partes en áreas urbanas. Lo anterior plantea desafíos
que por su complejidad demandan la puesta en marcha de estrategias y programas
integrales, para conducir el desarrollo urbano de manera eficiente y paralelo
al desarrollo social. Implica orientar la acción de gobierno a la gestión
estratégica para evitar la expansión desordenada, desarticulada y segregada de
las ciudades, ya por invasiones o por fraccionamientos que no han sido
autorizados y que en las más de las veces se traduce en polígonos de pobreza.
Al mismo tiempo es necesario integrar la calidad de vida como un objetivo de
los planes de gobierno. De hecho la Ley
de Ingeniería Sanitaria para el Estado de Baja California, en 1960 ya
relacionaba la variable abastecimiento de agua potable con las variables ordenación
del territorio y calidad de vida. En
la conjunción de estas variables, José María Ramos García aborda el tema de la Gestión del ordenamiento territorial y el
desarrollo local en México,[13]
afirma que «tradicionalmente
el ordenamiento territorial se ha conceptualizado en términos del “desarrollo
equilibrado de las regiones y de la organización física del espacio”. Sin
embargo, el territorio es un concepto más amplio y complejo que el espacio
físico, y además se considera que debiera tener mayor énfasis en el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas».[14]
Una visión que nos obliga a replantear la forma de planificación y orientarla a
la sustentabilidad, con una visión desde la gestión estratégica. El tema representa una necesidad urgente para proporcionar
calidad de vida a los habitantes en zonas urbanas, pero además para prevenir de
toda amenaza.[15]
En el abasto y en la gestión hídrica eficaz se requiere
de múltiples esfuerzos institucionales, «lo que implica una gestión
metropolitana de los recursos compartidos, lo cual en el caso de los gobiernos
[locales] mexicanos existen experiencias incipientes».[16]
A diferencia del pasado Plan Nacional de Desarrollo, el PND 2013-2018 ya
establece algunos puntos con estrategias y líneas de acción en materia metropolitana,
tal vez someras y de interpretación, pero las contiene para Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población.[17] En los argumentos de Jaime
Sobrino y de la CONAGUA, ambos se han referido al desarrollo sostenible, y en
esta disertación hemos sostenido la falta de instrumentos eficaces para la
planeación en materia urbana y metropolitana para esta parte del país. En esta
tesis sostenemos la necesidad de garantizar el desarrollo sustentable a partir
de la garantía de abasto del agua en la ZM-TRT. En la suma de esfuerzos
conjugados, la Estrategia 2.5.1 del PND ya establece la prioridad del gobierno federal en el
ordenamiento urbano:
Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e
Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.[18]
2.2 El desarrollo sustentable en la disponibilidad de agua y suelo en la zona de estudio
Por nuestro contexto regional,[19]
desde 1998 se dimensionó la importancia de garantizar el agua a los
asentamientos humanos. Se establecieron acciones estratégicas con la intención
de preservar el desarrollo sustentable. Así, el Plan Estatal de Desarrollo
Urbano de 1998, ya había definido la zona metropolitana, integrada por los
municipios objeto de nuestra disertación. Así lo describe:
6 Zona Metropolitana Tecate-Tijuana-Rosarito
· Impulsar el ordenamiento de la zona conurbada de Tijuana, Tecate y
Rosarito condicionando el proceso de urbanización a la disponibilidad de suelo,
agua, ampliación de los enlaces intra e interurbanos y vinculación a cruces
fronterizos, mediante:
–la elaboración del programa de ordenamiento de
la zona metropolitana,
–la creación de la comisión de conurbación y
subcomités metropolitanos
–el impulso a la planeación binacional.[20]
La realidad y el crecimiento de los asentamientos
humanos superaron lo establecido en el instrumento de planeación; se puede
decir que aporta a la perspectiva del crecimiento urbano y a la importancia del
desarrollo sustentable. Considerando los avances logrados en Baja California
para la planeación, solamente es necesario incorporar los mecanismos del
Sistema Nacional de Planeación Hídrica, a efectos de lograr lo que definen como
«Proceso
de planeación estratégica, normativa y participativa, en donde hay una
vinculación entre los instrumentos de planeación, resultados de los análisis de
carácter técnico, así como carteras de proyectos para lograr el uso sustentable
del agua».[21]
La gráfica nos indica que la Agenda del Agua 2030 es el núcleo rector para
establecer políticas sobre el agua y a su vez establecer programas en la
materia. Desde las políticas del agua se generan las políticas de desarrollo
con un análisis técnico prospectivo. Por su parte los programas en materia
hídrica están entre las carteras de proyectos y los ajustes estructurales que
demanden la ejecución, la aplicación y la evaluación de todo en su conjunto,
por lo que es necesario habilitar a los municipios en sus capacidades.
Diagrama tomado del PHR-2030.[22]
2.3 Coordinación transversal en la previsión y garantía del agua para el futuro
En el ámbito de la
planeación conjunta, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1998-2001 ya
menciona la Coordinación Intermunicipal para la Administración de la Zona
Metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito.[23]
Además creó los instrumentos
necesarios para abordar con anticipación el proceso de metropolización que ya
rebasó a las autoridades, también estableció la creación de dos organismos
pendientes de crearse.[24]
Para prevenir alguna
crisis causada por falta de agua es necesaria la planeación, principalmente en
coordinación institucional y con participación social, transversalmente.
El Instituto Metropolitano
de Planeación de Tijuana (IMPLAN) coordinó las acciones para el diagnóstico,
consulta, elaboración y en su momento, la instrumentación de un Plan Estratégico Metropolitano 2012-2034, significa que sin ser Comisión de conurbación ha estado ejerciendo esa función, ha
trabajado en concurrencia con los gobiernos locales de Playas de Rosarito y
Tecate que en conjunto conforman la ZM-TRT, ante la federación y además con la
participación del Gobierno del Estado de Baja California a través de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), pero falta la presencia
de la participación social en las acciones de gobierno. Además de
abordar el tema del abasto de agua a la zona metropolitana, otro de los
pendientes indispensables para el buen funcionamiento de la autonomía municipal
y de la figura metropolitana, es el que corresponde a: «elaborar convenios de
descentralización Estado-Municipios para descentralizar las entidades
paraestatales». El Plan de Desarrollo Urbano claramente establece algunas
necesidades que ayudan a prevenir el abasto futuro de agua:
[...] es necesario que las entidades
paraestatales que llevan a cabo funciones municipales se descentralicen como:
· las Comisiones Estatales de
Servicios Públicos,[25]
Esta planeación sólo será exitosa en la proporción
que la gente participe en los asuntos de intereses, y en la manera en que las
instituciones se coordinen con distintas dependencias y con distintos niveles
de gobierno. Es la mejor manera de garantizar el abasto futuro.
2.4 Los municipios objeto
de nuestro estudio y algunas características metropolitanas que comparten con
respecto al abasto y servicio público de agua
Es necesario confirmar
si en efecto estamos en lo correcto cuando nos referimos a los municipios de
Tijuana, Rosarito y Tecate como partes integrantes de la Zona Metropolitana.
Para comprobarlo, mencionamos algunos de los criterios descritos por la
Secretaría de Gobernación (SEGOB-2005), Consejo Nacional de Población (CONAPO)
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).[26]
En este caso se
cumple con los requisitos establecidos para la conurbación porque se da la
unión física en algunos puntos geográficos, la población en su conjunto es de
más de 50 000 habitantes y es cercana a los dos millones. La Zona
comprendida entre Tijuana, Rosarito y Tecate sí cumple con el grado de
integración física y funcional. Los tres municipios son predominantemente urbanos,
y con respecto al porcentaje de su población, la mayor parte no reside en zonas
rurales. En el caso de la Frontera Norte, y de la población en ambos
lados de línea fronteriza, de la población entre Tijuana, Rosarito y Tecate,
destaca su colindancia como zona metropolitana con el Condado de San Diego,
California.
Imagen
tomada de: Neighborhood maps, The
City of San Diego.[27]
Para el 2010, en el área
de San Diego tenían una población total de 3 095 313 habitantes,[28]
en sus diversos asentamientos humanos. Sin embargo Sandag (San Diego Association of Governments), como organismo de planeación
tiene proyectado que entre el año 2000 y el 2030, la población dentro del
territorio que representan en esta zona urbana transfronteriza se incrementará
en un millón de nuevos habitantes.[29]
En Baja California existen dos zonas metropolitanas,
con una ciudad principal que ha sido el eje del desarrollo urbano. Estas zonas
metropolitanas tienen por eje del crecimiento a las siguientes ciudades:
2.-
Tijuana
3.-
Mexicali[30]
Pudiéramos decir que
Tijuana es el núcleo metropolitano, con respecto a nuestra zona de estudio,
pero dice el texto de Sobrino que el fenómeno sucede cuando se presenta
“independientemente de su tamaño”, y desde esa interpretación, al mismo tiempo
desarrolla un dinamismo poblacional y territorial con la ciudad de San Diego,
California. Y habría que definir si es de metropolización, dado que se utilizan
suelo de las jurisdicciones vecinas para su propio crecimiento. De manera mutua
sí influyen en otras fuerzas iguales o más intensas, con el mismo sentido y
valor vital para la vida urbana, incluyendo el mercado de consumo, de trabajo y
recreación.
Me atrevo hacer
conceptualizaciones teóricas, a partir de las ciudades nodrizas y las nuevas
definiciones de sus etapas; si damos por aceptada la definición de Sobrino,
sobresale la condicionante cuando una administración municipal desarrolle
sus actividades cotidianas en la extensión territorial de otro u otros
municipios, debido a su expansión. Pero, ¿cómo reclasificar el caso de
Tijuana-San Diego? Pudiera ser metropolización y es correcto, pero no se
expande a otro municipio, sino a la extensión territorial de otro país, de otra
unidad administrativa y además extranjera, es un fenómeno que además sucede de
forma recíproca. Es un ejemplo, pero sucede en muchas fronteras del mundo y lo
más valido es aceptar que es metropolización, pero la nueva definición más
sencilla es la metropolización
transfronteriza, por la incorporación conceptual que le sigue cuando se le
agrega la palabra «de otro país» a la
definición base establecida por Sobrino.
Existe una
disertación valiosa y aplicable a la metropolización, Rubén Darío Utria Grosser
se cuestiona, y se responde, con respecto al concepto y al fenómeno. Para él la
metropolización significa: «el resultado de la combinación de dos procesos
socioeconómicos y territoriales».[31]
En consecuencia tiene repercusiones en la unidad geográfica donde se encuentran
asentados los desarrollos urbanos, y en sus colindancias con otras identidades similares.
Afirma que el fenómeno también se refleja en los aspectos de la sociedad y la
cultura, sobre todo porque estos aspectos presentan una cierta porosidad que
engendra una nueva forma de vida en las nuevas sociedades urbanas, además el
fenómeno se presenta en el flujo de bienes y servicios en ambos sentidos, pero
en todos los casos existen impactos «tanto en el contexto ecológico, en donde
el sistema hídrico, el suelo, la vegetación, los vientos, el paisaje, el clima
y otros recursos y factores interactúan sistemáticamente para producir un
escenario natural único, interconectado e indivisible».[32]
Rescato la aportación de Rubén Darío Utria Grosser para los estudios de la
metropolización, la rescato en el tema del agua por tres elementos
fundamentales necesarios a los nuevos conceptos y definiciones, las cuales
deben tener como requisitos:
- La
Interacción sistemática;
- La
Interconexión de los municipios; e
- La
Indivisibilidad del fenómeno.
De todas las definiciones,
contribuyo con dos conceptos de mi autoría. Uno desde el enfoque de la gestión
local, de la administración pública y las atribuciones constitucionales de los
municipios para la prestación de servicios y la elaboración de políticas
públicas. El otro concepto se desarrolla desde la planeación urbana, desde el
ordenamiento territorial. En ambos casos, el sentido de la Metropolización es y
debe ser entendida desde la Administración Pública y los gobiernos locales,
conforme a las siguientes definiciones:
- a) La metropolización debe entenderse, política y administrativamente, como la nueva entidad social que obliga a replantear la figura del municipio y de los gobiernos locales, en sus facultades, capacidades, atribuciones, responsabilidades y jurisdicción territorial; para entender una nueva entidad con reconocimiento Constitucional, como figura intermedia entre el Municipio tradicional y los estados de la federación; a efectos de garantizar los servicios estratégicos para la existencia del ser humano, tales como el agua y la seguridad.
Desde este planteamiento teórico en materia de la gestión local, las
atribuciones constitucionales a los municipios en materia de agua y seguridad
han sido rebasadas. Lo que implica reconceptualizar al municipio en nuevas
responsabilidades, atribuciones y facultades. Aunado a ello, es necesario
ponderar la creación de una figura entre el estado y los municipios conurbados
o que sean parte de una zona metropolitana, también con atribuciones y
facultades jurídicas, personalidad y patrimonio propio. Tal vez, únicamente en temas
de agua y seguridad que exigen sobrada coordinación y una sola línea de acción.
Entonces, si ya analizamos diversos conceptos sobre la
metropolización que conceden diversos autores, me queda una pregunta que
trataremos de contestar: ¿Qué propicia la metropolización? ¿Qué la provoca?
Estoy de acuerdo que es un fenómeno social producto de la urbanización y de la
conurbación, de las migraciones del campo a la ciudad. Pero mi definición, de
metropolización desde lo urbano, la defino de la siguiente forma:
- b) La metropolización debe
entenderse como el fracaso en la planeación de un municipio, ya que al no
proporcionarle localmente al individuo las fuentes de empleo, centros
educativos, recreativos, de vivienda, de salud y aquello subjetivo que tiene
que ver con la realización del individuo, se propicia que el ser humano
traspase los límites municipales en busca de los satisfactores a su vida
cotidiana. Lo que nos lleva a replantear una forma de planeación de la ciudad,
de tal manera que no segregue, pero que otorgue todos estos satisfactores al
individuo en su lugar de residencia y en distancias ideales, incluidos los
servicios públicos que proporcionan las dependencias en alguno de los tres
niveles de gobierno y la iniciativa privada, de lo contrario se generan
desequilibrios en el desarrollo sustentable.[33]
Afirma Rodolfo García
del Castillo que algunas dependencias de gobierno le dan su propio sello, y
dice que por lo menos hacen dos distinciones acerca de los conceptos que hemos
dado sobre el concepto de zona metropolitana y el concepto de conurbación.[34] A
ello hay que agregarle los argumentos de Manuel Castells cuando se refiere al
mercado laboral y las consecuencias al medio ambiente. Si bien las dependencias
de gobierno pueden entender la metropolización
desde su propia percepción y en ocasiones acorde a las tareas que desempeña la
dependencia de que se trate, al mismo tiempo García del Castillo confirma que
las metrópolis se han incrementado en diversas zonas del país,[35]
y entre ellas, una de las zonas más dinámicas corresponde a la Baja California.
En este crecimiento urbano, de las muchas demandas la del agua
es la más vital, de ahí la importancia que la metropolización se entienda,
política y administrativamente, como una nueva entidad social que coordine los
temas estratégicos del agua y la seguridad.
2.5 Demandas
sociales y modelos de gestión para garantizar el abasto de agua de forma
sustentable
El PEM 2012-2034 afirma que «la zona metropolitana,
entró en desabasto desde el año 2004, situación que se ha venido resolviendo
con las obra y maniobras de corto plazo y los escurrimientos de la Presa
Abelardo L. Rodríguez».[36]
En ese sentido, el Programa Hídrico Regional Visión 2030 se refiere al agua
renovable, de acuerdo a la SEMARNAT y CONAGUA (2009), en la península «la
cantidad de agua máxima que es factible explotar
anualmente, es del orden de 4,707 hm3, de los cuales 28% es de
procedencia subterránea y el restante 72% es de aguas superficiales que en su
mayor parte corresponden a los 1,850 hm3 del Río Colorado conforme
al Tratado sobre la distribución de aguas internacionales entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América de 1944, destinados
exclusivamente para el uso agrícola».[37]
El estudio Gestión
Territorial de la Zona Metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito, analizó el
crecimiento urbano y enunció la importancia de la sustentabilidad en temas del
agua, sin embargo el Programa Hídrico Regional Visión 2030 plasma datos
precisos con respecto a la brecha hídrica base, misma que ya hemos definido como la «diferencia entre la
oferta sustentable por capacidad instalada y la demanda total, expresada en
volumen (metros cúbicos)».[38] Así,
acordes con la UABC y su argumento de que las aguas superficiales son las de
mayor consumo en zonas urbanas, de acuerdo con la siguiente gráfica,[39] las
aguas superficiales corresponden a un total de 1.8 miles de hm3,
parte de los 1 850
millones de metros cúbicos provenientes del Río
Colorado; mientras casi 1 100 millones de metros cúbicos son aguas provenientes
de fuentes subterráneas, lo que en conjunto nos da un total aproximado de 2 900
millones de litros de agua por año y que cumplen con el requisito de
sustentabilidad, pero la demanda es de 3 400 millones de agua anualmente,
provocando sobreexplotación y daños al equilibrio sustentable. Afirma la misma
dependencia que «Actualmente existe una brecha o déficit de agua de 450 hm3
y para el año 2030, se estima que esta alcance los 543 hm3».[40]
Para cerrar mis
argumentos y disertaciones con respecto a la importancia que se le debe dar a
los estudios del agua en su relación directa con la población y al volumen
disponible, significa un giro en las políticas
públicas al momento en que las universidades incorporan el enfoque de la
sustentabilidad en sus planes de estudios, lo que permite aplicarlo en diversos
tipos de análisis y diagnósticos, en este caso, aplicable al agua y a los
asentamientos humanos. Es cierto que las universidades pueden capacitar a una
nueva generación, de hecho el Colef ya implementó la maestría en Gestión
Integral del Agua.
Falta articular el tema socialmente, falta que además de
redistribuir la responsabilidad de cada nivel de gobierno, en las ciudades
fronterizas, además se generen redes sociales y gobiernos en el tema del agua.
Por lo complejo en la gestión del agua se exige una participación municipal,
desde todos los frentes es necesario explicar qué hay detrás de que los
municipios no participan, es necesario resaltar sus implicaciones. Se requiere un
modelo de gestión participativa, pero que además institucionalice la
participación ciudadana para que haga evaluaciones, para que corrija con
demandas. Son varios los esfuerzos por garantizar el abasto de agua
y el desarrollo sustentable, sin embargo para garantizar el abasto del bien
escaso se requiere acciones multisectoriales, son tres niveles de
gobierno y en la administración del agua intervienen sólo dos. El municipio no
ha planeado ni para los 3, 5, 30 años, no ha planeado en temas del agua porque
siente ajena la responsabilidad. Es necesario rehabilitarlo con
infraestructura, con personal técnico calificado y modelos de gestión
participativa en temas integrales de desarrollo sustentable.
2.6 Sustentabilidad y calidad de vida en
las políticas públicas aplicables
Para normar el
crecimiento urbano, cuando el crecimiento de la ciudad rebasa los límites
territoriales de la administración pública local, es necesario entender y
atender el fenómeno de manera transversal, desde diversas instituciones de
gobierno pero también desde la sociedad civil. Por ser un fenómeno complejo se
requiere de la intervención de varias disciplinas y de la concurrencia de
diversas instituciones. La SEMARNAP tiene a su cargo los programas de
ordenamiento ecológico y territorial; por su parte la CONAPO se encarga de «la
política demográfica, información sociodemográfica y las proyecciones de
población al año 2020».[41]
Los instrumentos de la ordenación territorial, sobre todo, establecen los
lineamientos del crecimiento regional donde convergen población como estudio
demográfico y el ordenamiento del territorio como el contexto donde vive y
convive el individuo, con la naturaleza y sus semejantes.
Con respecto a los
instrumentos de planeación para las zonas metropolitanas, mencionamos
nuevamente a Ismael Aguilar Benítez para referirnos al tema del agua y de las
facultades municipales para la prestación del servicio. Así, en Gestión local y financiera del agua para uso
urbano en la Frontera Noreste México-Estados Unidos, afirma que a los
gobiernos locales les toca la responsabilidad de gestión para los servicios
establecidos en el Artículo 115 Constitucional, tales como el servicio del
agua, pero que también existe un problema con respecto a la atribución y
facultades para la prestación de los servicios públicos. Desde su análisis, el
problema estriba en que los servicios tienen distintos grados, los grados a que
se refiere puedo calificarlos de ordinarios y en una escala llevarlos a un
nivel superior, al grado de estratégicos. En este caso de desarrollo
sustentable, Aguilar Benítez afirma que a diferencia de la administración sobre
el agua al otro lado de la frontera, donde tienen una supervisión sobre la
prestación de servicios por parte de entidades de gobierno, y en el caso del
agua recibe un trato especial. A diferencia de ellos, dice que en México la
gestión del agua se realiza con una carga política. Su argumento, aunque
general al resto del país es perfectamente aplicable a los organismos de Baja
California encargados de prestar el servicio en esta zona metropolitana.
Identifica la raíz del problema donde se conjugan las atribuciones jurídicas y
Constitucionales de los gobiernos locales, el crecimiento urbano y poblacional,
y la gran demanda de agua.
El problema es que
esta legislación equipara todo tipo de servicios, cuando en el caso del agua,
por su misma naturaleza, se requiere de un trato especial.[42]
Insistimos en la prioridad de administrar el agua desde los
municipios y con una entidad metropolitana; la gestión hídrica eficaz sólo se
logrará en la proporción que los municipios atiendan el tema del agua,
garanticen su distribución, satisfagan la demanda y contribuyan a la calidad de
vida. Esta acción implica
la Gestión Binacional, apoyados en
- Conferencia de Gobernadores
Fronterizos México-Estados Unidos.
- Comité Conjunto de Trabajo
México-Estados Unidos (CCT).
- Grupo Binacional México-Estados
Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales.
- Comité de Oportunidades Regionales
Binacionales (COBRO).
- Mecanismos de Enlace Fronterizo
Tijuana–San DIEGO.
- Grupo de Trabajo de Facilitación Fronteriza.[43]
En
estos objetivos de planeación destaca una forma de características
internacionales, se refiere a los asentamientos humanos colindantes, a la forma
en que sientan las bases para mantener su autonomía y al mismo tiempo compartir
sus recursos y un mismo destino. Sin embargo no han abordado de forma
específica el tema del agua, en un marco de cooperación estratégica para la
seguridad en ambos lados de la frontera.
Al actualizar esta
tesis se publicó el PNDU 2014-2018. Dice que «El marco legal que vincula las
atribuciones y obligaciones de los gobiernos locales con el ámbito territorial
al que atienden, se ha visto rebasado por la dinámica de las zonas
metropolitanas y conurbadas en las que distintos gobiernos locales confluyen en
el momento de definir acciones de política para una misma área urbana».[44]
Define objetivos y acciones desde lo local, orienta al ordenamiento territorial,
a la calidad de vida en asentamientos humanos.
2.7 Síntomas
globales y regionales que requieren de mayor atención en la agenda
hídrica fronteriza en materia del desarrollo sustentable
En el discurso del Presidente Miguel Alemán para la creación
del Estado, se pueden apreciar dos elementos fundamentales para el objeto de
estudio:
- Que el entonces Territorio
Norte de Baja California tenía población suficiente para tener una vida
institucional y dejar la tutela del gobierno federal.
- Que el entonces Territorio
Norte de Baja California tenía la capacidad económica para desempeñar una
vida cotidiana de forma autosuficiente.
A
la fecha, los municipios que lo constituyen comparten las mismas
características, en mayor o en menor grado. En algunos casos por cuestiones
geográficas y en otros casos de forma temporal; en ocasiones algún municipio se
ha visto rezagado por razones de su ubicación y de su contexto histórico, pero
en otras ocasiones debido a la época que les ha tocado vivir ha cambiado la
tendencia en el crecimiento de la población y de su economía. Con la población
que tiene la entidad y con la economía que actualmente presenta al 2015, en el
contenido del PED 2008-2013 se reconoció que «es necesario subrayar los fuertes
retos que en términos de accesibilidad al recurso agua enfrentará la entidad en
los próximos años, de mantenerse los actuales ritmos de crecimiento poblacional».[45]
Si bien esta tesis está delimita a la ZM-TRT, en Ensenada se
presenta una situación diferente, más agravada por el cambio climático y falta
de gestión estratégica que por la variable población. Sin embargo, por su
urgencia y emergencia, se plasma en el diagnóstico estratégico del actual
gobierno estatal (2013-2019), en el análisis se agrega el estado crítico de
Ensenada con relación al vital líquido. En el PHR-2030 y en el PND 2012-2018 ya
se plasma un énfasis en el aspecto sustentable. De hecho, los planes y
programas coordinados con agencias del otro lado de la Frontera Norte son
coincidentes en los objetivos con el Programa Ambiental Frontera 2020, sin
embargo falta llevarla a la práctica y que sean acordes con la planeación, la
administración y la realización de objetivos en un tema que ya reconocen en
políticas públicas transversales y además transfronterizas. El enfoque
sustentable o de seguridad es el mismo, el uno produce al otro. Dicho programa
regional en materia de agua utiliza la frase “Problemática relevante”
para referirse a una realidad y a un escenario para la zona de nuestro estudio.[46]
En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, el gobierno
estatal de Baja California reconoce el problema que estamos abordando, le
dedica una atención especial a la estrategia Agua Potable. Dice:
El recurso hídrico es un problema de gran
dimensión que requiere de la atención urgente en la búsqueda de nuevas fuentes
de abastecimiento y consolidar las existentes. Sumada a esta situación el
Estado en los últimos años ha presentado precipitación pluvial muy baja
(atípicas para la región) y el acelerado crecimiento poblacional (Tijuana
cuenta con casi el 50% de la población estimada en el Estado), las concesiones
de explotación de agua otorgadas para la Entidad desde 2012 no cubren la
demanda de agua, siendo sumamente crítico para la zona costa del Estado
(Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada).[47]
Para la CONAGUA, parte de la problemática relevante tiene su
origen en las pocas precipitaciones que en consecuencia provocan la poca
disponibilidad del agua superficial y subterránea, lo que pone en riesgo el
equilibrio ecológico en las Cuencas y
acuíferos. Cuando de cubrir la demanda se trata, los usuarios extraen
grandes volúmenes, de acuerdo a la dependencia provoca severos conflictos «en menoscabo de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente». Afirma la dependencia federal que «debido
principalmente al alto consumo de agua en el riego y al desperdicio de agua en
los usos doméstico, público, urbano y comercial […] Las células más afectadas
con relación a la brecha hídrica, oferta menos demanda, son Mexicali y Tijuana,
Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora».[48] Ya
se contemplan políticas públicas transversales y un nuevo modelo de la gestión
en el tema del agua, orientado a la creación de infraestructura para atender
las necesidades metropolitanas y su relación con el contexto internacional,
incluidas sus vastas relaciones transfronterizas, derivadas de los «procesos de
intercambio comercial y de personas entre México y Estados Unidos, [que]
desarrolla actividades de maquila industrial, producción agrícola y pesquera de
elevado valor comercial, y es un polo de atracción turística de carácter
regional y global».[49] Lo
ideal sería superar la complejidad y lograr una coordinación transfronteriza en
la planeación, me parece que los primeros esfuerzos de planeación binacional se
darán en el marco de lo sustentable, del medio ambiente. Estoy convencido que
es necesario acomodar el tema del agua y su gestión estratégica como un tema
prioritario en la agenda de desarrollo sustentable en la frontera.
El PED 2013-2019 también establece un diagrama con los
principales planes y programas. En los planes estatales especiales destaca el
hídrico en primer lugar, le sigue el de atención a la mujer y concluye con el
de protección al medio ambiente, sin embargo al editar la presente tesis no
habían sido presentados, lo que imposibilita abordar las políticas públicas del
agua en relación con la equidad de género y la protección del medio ambiente.
De los tres planes estatales que son prioridad para el
gobierno del estado, entre ellos está el hídrico, atención integral a la mujer
y protección al medio ambiente. Representan las bases para futuras
investigaciones sobre la administración pública en la relación agua y
desarrollo sustentable pero con perspectiva de género.
2.8 El agua compartida en
un contexto binacional y la obligación de garantizar la seguridad humana
Luís
Fernando Abitia Cuevas se refiere a las aguas residuales y a los problemas
ecológicos de la frontera. Para Abitia Cuevas «las economías de estas dos
ciudades, separadas por la frontera, deberían ser vistas como una metrópoli
transfronteriza integrada».[51] La realidad que describe
Luis Fernando es una situación que nos obliga a una planeación local de futuro,
con visión y capacidad para integrar los nuevos elementos que se han hecho
presentes, tal como los describe al considerar la mancha urbana conformada por
Tijuana, Rosarito y Tecate en una misma unidad con la de San Diego, California.
El reto estriba en mantener y garantizar las autonomías municipales, estatales
y federales. Para proponerlo y lograrlo se requiere la visión del estadista y
una sobrada voluntad política.
En un
contexto metropolitano y de carácter binacional, tal como lo hemos citado, el
abasto del agua que se consume en la ZM-TRT no puede planearse de manera
unilateral para los próximos 20, 30, 50, 70, 100, 200… 1000…años. No puede
realizarse planeación en el agua de manera unilateral sin hacer planeación en
conjunto con San Diego, ni San Diego realizar su planeación sin contar con la
participación de esta parte de México. Es compleja la planeación de la región
metropolitana por el contexto de su carácter binacional, pero no imposible
porque en la planeación del futuro es necesario intentarlo, considerando las
identidades y las diferencias en los respectivos modelos de crecimiento, en las
propias capacidades de gestión, por lo menos deben contar con cifras e
indicadores para tomarlos en cuenta en su propia planeación, dado el impacto
que tiene el desarrollo sustentable y su simetría ecológica en ambos lados de
la frontera, aunque justo es decir que los daños al medio ambiente son
diferentes en cada lado y los daños al equilibrio ecológico son asimétricos en
un mismo entorno. Es necesaria la colaboración y la planeación binacional,
California puede compartir con Baja California sus prácticas exitosas en
materia de racionalización del agua, además es indispensable considerar la
indivisibilidad del fenómeno urbano en lo social, lo económico y ecológico; el
simple hecho de considerar los diversos factores que influyen en la planeación,
derivados de un contexto fronterizo, por sí mismo ya es una modalidad de la
Gestión Estratégica, lo demás implica convertirlo en Políticas Públicas de
carácter sostenible. Luzma Fabiola Nava se refiere al agua en esta zona[52] y afirma que en 1994, por
gestiones del CILA, se firmó de manera bilateral el Tratado de Aguas. Afirma que «el Tratado de aguas favoreció la
aparición de conceptos relacionados con los recursos naturales hídricos
localizados en los límites territoriales de dos o más países».[53]
En
consecuencia, lo que sigue es cómo enfrentar los desafíos en el largo plazo
para el abasto de agua potable a la ZM-TRT, cuando de acuerdo a la Agenda del Agua 2030[54] Baja California ocupa el
primer lugar en esos retos y la garantía de abastecer el agua se convierte en
un tema de seguridad nacional. José María Ramos García en Relaciones
México-Estados Unidos: Seguridad Nacional e Impactos en la Frontera Norte, se refiere a la explosión demográfica y al daño al
medio ambiente,[55]
entre ellos cabe el tema del agua y otros temas. El campo de acción de la seguridad nacional es
limitada, por extensos que sean los campos que aborda, algunas dependencias están en la visión de la
seguridad nacional y todo lo demás ya no cuenta. Sin embargo, al iniciar el siglo
XXI se requiere de la misma visión de Estado, pero desde la seguridad humana,
más universal, y en su relación con el medio ambiente. La seguridad humana
abarca las tareas de la seguridad nacional y tiene un campo de acción más
amplio, tiene un espectro de mayor cobertura, ya no se trata de garantizar la
seguridad de una nación y de su población, sino de traspasar los límites subjetivos,
cuando de nacionalidad de trata, y garantizar la seguridad del ser humano,
independientemente del lugar y de la circunstancia en que se encuentre. El tema
del agua en Baja California, para México pudiera ser un tema de seguridad
nacional, sin embargo gran parte del abasto de agua proviene de la misma fuente
y en la vida cotidiana compartimos un destino común con la nación vecina.
Mutuamente afectados por el cambio climático, la realidad ambiental es la misma
de este lado y de aquel lado de la frontera, el tema del agua además exige la
aplicación de la seguridad humana; sobre todo porque en este concepto se
«subraya la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los
programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más
eficaz, eficiente y orientada a la prevención».[56] En la dimensión del
riesgo social, el tema del agua en la frontera exige de la mutua colaboración
internacional y un alto sentido humano.
2.9 Niveles
aceptables entre el agua disponible y el consumo mínimo por persona
Para Leif Ohlsson es
necesario comparar los niveles aceptables entre el agua disponible y el consumo
que se genera, sin embargo es necesario aclarar que si bien hemos visto las
variables agua disponible y consumo de agua, y que la CONAGUA se refiere a la
brecha hídrica que existe entre ambos referentes. Para Ohlsson dicha relación
es diferente, la disponibilidad y el consumo de agua tiene otra interpretación,
sobre todo porque los hidrólogos utilizan como regla de consumo, un nivel de
entre 1 000 a 2 000 metros cúbicos de agua por persona al año. A partir de esta
cifra, es posible identificar lo que ellos designan como el peligro que puede
percibirse si se reduce el volumen anual de agua para consumo humano. Ohlsson
afirma que si el agua disponible para consumo humano está por debajo de los mil
metros cúbicos de agua por cada persona al año,[57]
en ese momento la nación tiene problemas relacionados con escasez del agua y la
dimensión del problema es de magnitud nacional, es decir se convierte en un
problema de seguridad nacional, sin importar la región del país donde se
presente una circunstancia similar. En la relación de x litros de agua disponible y x
número de habitantes, y de su importancia para garantizar los litros necesarios
que brinden calidad de vida. El PEM 2012-2034 concede referencias sobre las
cantidades de disponibilidad de agua y su relación con el número de habitantes.
De acuerdo con la CONAGUA el recuento del balance hídrico en
el Estado de Baja California en el 2007 alcanzó un volumen total de 3,622 (hm³)
teniéndose una demanda de 3,336 (hm³), por lo que la disponibilidad natural
promedio por habitante era de 1207 m³/hab, cifra que está considerada en la
clasificación de las Naciones Unidas como extremadamente baja.[58]
Falta una planeación más
articulada con el papel y la calle, con el instrumento de gestión y el mismo
gobierno. José María Ramos García enfatiza la necesidad de los gobiernos
locales para lograr «una política integral orientada bajo una gestión,
política, dirección y planeación estratégica del desarrollo»,[59]
y además lograr calidad de vida, como producto de la acción de gobierno. Desde
esta visión, enfatizando el valor del PEM 2012-2034 para
atender las necesidades de los asentamientos humanos en esta parte del país,
para el 2007 de «la disponibilidad neta que es de 286 hm³ tenemos que la disponibilidad
neta por habitante se ubica en un volumen de 95.33 m³/ha».[60] Las cifras las sacaron al
considerar una población de tres millones de personas en Baja California, y la disponibilidad natural
promedio por habitante en Baja California es de 989.82 m³/hab. Es una cifra que
nos pone por debajo de la cantidad mínima de los 1 000 m³ que cita Ohlsson.
De no cambiar la
tendencia, con la misma cantidad de agua, para el 2030 tendremos por cada
persona de los cinco millones estimados, la cantidad de 680 m³/hab. La falta de
agua provocará un problema social y en caso que la brecha hídrica se haga más
grande, el daño al desarrollo sustentable será mayor. Leif Ohlsson afirma que el ser humano debe
tener de un 1 000 a 2 000 metros cúbicos de agua por persona al año, y que si
no se cumple existe un peligro, la cantidad del agua disponible en Baja
California ya no cumple con lo indispensable. ¿Cómo sería posible implementar
una Gestión Estratégica que atienda la demanda de forma sustentable? ¿Cómo
cubrir la necesidad básica en el consumo del agua? A la fecha se ha atendido la
demanda, pero a costa de una sobreexplotación del agua se propició una brecha
hídrica más amplia y profunda que pone en riesgo el equilibrio ecológico y la
posibilidad de proveer a la cantidad de habitantes en el futuro, poniendo en
peligro la presencia del ser humano en un medio ambiente concreto, al ser
humano que está amenazado en su presencia y existencia en esta zona geográfica.
2.10 En la
estrecha relación de Agua y seguridad humana, sin agua no hay soberanía ni
seguridad[61]
En Baja California
ya estamos por debajo de los niveles mínimos de agua, con apenas 989.82 metros
cúbicos de agua por persona, de los 1, 000 indispensables para la calidad de
vida, y con una tendencia del consumo en aumento. Las cifras en el Programa Estatal Hídrico 2008-2013 ya
avisan del riesgo en el abasto que reportan las Comisiones Estatales de
Servicios en los distintos municipios. Con respecto a Tijuana-Rosarito, afirma
la CEA que desde el 2007 estaban en 200 litros diarios por habitante, cuando
las normas técnicas recomiendan 220 litros diarios por persona, «estos municipios son
los que cuentan con menor dotación por habitante».[62]
(Véase Anexo 3). En tan sólo una administración
estatal de 6 años, en el caso de Tijuana y Rosarito se ha perdido un 25% del
agua destinada en dotación por cada persona. En el informe anual del 2013,
afirma la CEA que en estas localidades la cantidad diaria por persona es de tan
sólo 166.61 litros por persona al día. Es decir, con un 24.55% por debajo de
los 220 l/d establecidos en la Norma Técnica, sólo es necesario enfatizar que
la cantidad recomendada tiene «el propósito de evitar situaciones que ponen en
riesgo o peligro la vida de la población».[63]
Con respecto a Tecate, el mismo programa afirma que «el consumo promedio anual en
2007 para uso público urbano se traduce en dotaciones de 253 litros por
habitante por día»,[64]
cuando las Normas Técnicas establecen una dotación de 250 litros por habitante
por día en la zona urbana[65]
(Véase Anexo 4). Para
ilustrar la magnitud del problema, también aumentó el porcentaje de dependencia
de los municipios de Baja California, con respecto al agua proveniente del Río
Colorado. Porcentajes de consumo total por municipio:
·
Mexicali
en 100%
·
Tecate
en 70%
·
Tijuana
93%
En ese sentido de
prevención, el Plan Estratégico Metropolitano se refirió a las condiciones de
«desabasto
desde el año 2004», según la CEA. La siguiente gráfica es
elocuente, en azul color más oscuro se puede apreciar la cantidad de agua que
puede surtir el Acueducto Río Colorado, con 4 000 l/s y que llegó a su límite
en el 2005, mientras que una ampliación del acueducto significaba la oferta
total posible y también ya llegó a su límite en el 2010. La población sigue
creciendo y con ello la demanda.
Imagen tomada del Plan Estratégico
Metropolitano 2012-2034, p. 33.
El agua y la seguridad están una relación dialéctica e indisoluble, como
los elementos conjugados en H2O y que al separase ya no es agua. ¿Cómo relacionar el agua con la
seguridad de contar con el vital líquido? ¿Cómo hacer gestión pública para
administrar un elemento estratégico y escaso? ¿Cómo tener la seguridad del
abasto de agua para las múltiples tareas que realiza el ser humano en esta
parte del mundo? ¿A dónde vamos a llegar con una sobreexplotación del agua que
se refleja en la brecha hídrica? ¿En que afecta al ser humano? ¿Los ecosistemas
hasta dónde aguantan? ¿Cuál es el modelo de gestión más apropiado en agua y
seguridad? Para contestar algunas de estas preguntas, abordamos parte de
nuestra disertación desde el modelo de gobernanza estratégica que plantea José
María Ramos cuando se refiere a un modelo de gestión «coordinado por el Estado,
el gobierno y una administración pública efectiva»[67]
desde lo local y en una coordinación que involucre a las entidades locales.
Ramos García enfatiza en diseñar un modelo que genere valor público, para
lograrlo tiene que tener «la capacidad institucional de articular una noción
del desarrollo con un enfoque de transversalidad».[68]
Este valor público significa que la población haga suya las nociones de
relacionar la fórmula de agua-seguridad, como parte de lo transversal y
estratégico. El caso del agua para la ZM-TRT es un problema de seguridad que no
respeta fronteras y se convierte en un problema del medio ambiente cuando se
pone en riesgo a la población, al romperse el equilibrio ecológico y el riesgo
es eminente a todo el desarrollo sustentable en ambos lados de la línea
fronteriza.
[1]
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Presidencia de la República,
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 20013, p. 37.
[2]
Luis F. Aguilar Villanueva, Op. Cit., p.
240.
[3] José
María Ramos García, Alberto Villalobos Pacheco (Coordinadores), Gobernanza y prevención transversal en la
frontera norte de México, Colección Gestión para la seguridad y prevención,
Centro de Alta Dirección Pública, Colectivo de Análisis de la Seguridad con
Democracia A. C., Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
2013, p. 13.
[4] Cfr. José María Ramos García, Gobernanza por resultados en la política
ambiental: agendas y contexto internacional y regional, CADP, Ortega y
Gasset, UABC, 2014.
[5] José
María Ramos García, Alberto Villalobos Pacheco (Coordinadores), Op. Cit., p. 13.
[6] Cfr.
Periódico Oficial del Estado de Baja California, Decreto del ejecutivo
mediante el cual se crea el Organismo Descentralizado Denominado “Comisión
Estatal del Agua (CEA)”. Véase el considerando 6 que a la letra dice: «Que las recientes necesidades
de la población en materia de agua, obligan a replantear las estrategias
técnicas y de inversión en infraestructura hidráulica, drenaje sanitario y
saneamiento ambiental, por lo que el Gobierno del Estado ha tenido que impulsar
nuevos proyectos que requieren de mayor financiamiento, para ampliar la
capacidad de servicio. Situación que resulta prioritaria no sólo para el debido
cumplimiento de los objetivos y metas que en la materia consigna el Plan
Estatal de Desarrollo, sino también para salvaguardar e incrementar la calidad de
vida de la población de Baja California». Op.
Cit., pp. 1-3.
[7] Gian
Carlo Delgado, Agua y Seguridad Nacional, El recurso natural frente a las
guerras del futuro, Editorial Debate, Random House Mondadori, Primera
edición 2005. pp. 86-87.
[8] Nota:
El autor tiene un Diplomado en Gestión,
Seguridad y Desarrollo Local. COLEF y tiene publicaciones en materia de
seguridad humana. Véase: Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, «Cómo detener a los sicarios de la democracia»
en el libro: «Seguridad Humana, posibles
soluciones a un conflicto». (Coordinadora) Guillermina Baena Paz, UNAM
2009, ISBN 978-607-02-0715-0. Pp. 225-238. Disponible en: http://issuu.com/metadata/docs/seguridad_humana03
[9]
Manuel Chávez Márquez, Alfonso Andrés Cortez Lara, Scott Whiteford, el Nuevo manejo binacional de recursos
compartidos: cuando la seguridad es interdependiente, en Alfonso Andrés
Cortez Lara et. al., (Coordinadores) Seguridad,
agua y desarrollo en la frontera México-Estados Unidos, Colegio de la
Frontera Norte, Michigan State University, 2005. p. 52.
[10] Gian
Carlo Delgado, Op. Cit., pp. 86-87.
[11] Cfr. Roberto M. Constantino Toto
(coordinador), Agua, Seguridad Nacional e
Instituciones; Conflictos y riesgo para el diseño de las políticas públicas,
Senado de la República, LIX Legislatura, Instituto de Investigaciones
Legislativas, Universidad Autónoma Metropolitana, 1ª Edición, 2006.
[12] Cfr. Francis Fukuyama, La construcción del Estado; Gobernanza y
orden mundial del Siglo XXI, Ediciones B, México, 2004.
[13] N.
A. En Gobiernos locales en México: hacia
una agenda de gestión estratégica de desarrollo, José María Ramos García
aborda el tema en el capítulo referente a la
Gestión del ordenamiento territorial y el desarrollo local en México, hace
la aclaración que «se
elaboró como parte del proyecto de investigación Ordenamiento Territorial en el Estado de Baja California,
COLEF-SAHOPE, bajo la coordinación de Nora Bringas, profesora-investigadora de
El Colegio de la Frontera Norte».
[14] José
María Ramos García, Gobiernos locales en
México: hacia una agenda de gestión estratégica de desarrollo, LX
Legislatura de la Cámara de Diputados, Fundación Instituto Universitario de
Investigación José Ortega y Gasset, COLEF, Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 121.
[16]
José María Ramos García, Op. Cit., p.
151.
[17]
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Op.
Cit., p. 115.
[18] Ibíd., p. 119
[19] Cfr. Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000,
Gobierno de Baja California.
[23]
Plan Estatal de Desarrollo Urbano 1998-2001, Op. Cit., p. 61.
[24]
Ídem.
[25]
Ibíd., p. 70.
[26]
Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005,
SEDESOL, SEGOB-CONAPO, INEGI, 2005, p. 26.
[27] Imagen tomada de: Neighborhood maps, The City of San
Diego.
Consultado
el 20 de Octubre de 2011.
Consultado
el 20 de Octubre de 2011.
[29] Cfr.
Regional Comprehensive Plan (RCP) for the San Diego Region, The San Diego
Association of Governments (SANDAG), 2004, p. 3
[31] Rubén Darío Utria Grosser, Metropolización
de la Sabana de Bogotá, Disertación en los Martes del Planetario,
Metropolización, Planeación y Ordenamiento Territorial, Sociedad Geográfica de
Colombia, 1998.
[32]
Ídem.
[33] Véase,
Manuel Castells, La cuestión urbana, «la afluencia de población a los
centros urbanos transforma considerablemente las formas ecológicas, pero afecta
tan solo relativamente las relaciones productivas», Editorial Siglo XXI,
1980, p. 78.
[34] N.
A. Entiéndase por Conurbación, como ya lo hemos definido: la Extensión física o
funcional (la población vive en un municipio y trabaja o satisface sus
servicios en otro). En Términos de referencia generales para la elaboración
del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, SEDESOL, 2001, p. 62.
[35]
Rodolfo García del Castillo (Coordinador), Políticas urbanas y su impacto en
el desarrollo social en México, SEDESOL, CIDE, 2009, p. 37.
[36]
Ibíd., p. 33.
[40]
Ídem.
[42] Ibíd., pp. 13-14.
[43] Ídem.
[44] Cfr.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, SEDATU Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 2014.
[45] Ídem.
[46] Programa Hídrico Regional Visión 2030,
Región Hidrológico-Administrativa I Península de Baja California, Op. Cit., pp. 26-27.
[47] Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, Op.
Cit., p. 125.
[48] Ídem.
[49] Ibíd., p. 101.
[50] Ibíd., p. 401.
[51] Luis
Fernando Abitia Cuevas, Análisis de redes
sociales en la toma de decisiones binacionales de problemas ambientales en la
frontera México-EE.UU: planta internacional de tratamiento de aguas residuales
de Tijuana, Tesis para obtener el grado de maestro en Administración
Integral del Ambiente, Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación y
Estudios Superiores de Ensenada, 2006, p. 16.
[52] Luzma Fabiola Nava en Gestión
del Agua Transfronteriza en América
del Norte, Triunvirato, Foro sobre la Integración Norteamericana (FINA),
Febrero de 2009, pp. 8-10.
[54] Agenda del Agua 2030, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Gobierno de la República, Marzo de 2011, p. 22.
[55] José
María Ramos García, Relaciones
México-Estados Unidos: Seguridad Nacional e Impactos en la Frontera Norte,
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, 2005, p. 71.
[57] Leif Ohlsson, Hydropolitics, conflicts over water as a development constrains, University Press Dhaka, Zed Books, London & New Jersey, 1995, p.
13.
[58] Plan Estratégico Metropolitano 2012-2034, Op.
Cit., p. 32.
[59] José
María Ramos García, Gobiernos locales en
México: hacia una agenda de gestión estratégica de desarrollo, Op. Cit., p. 82.
[60] Plan Estratégico Metropolitano 2012-2034,
Op. Cit., p. 32.
[63] Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, B. C. 2002-2025, Op. Cit., pp.
244-245.
[64]
Ídem.
[65]
Ídem.
[67] José
María Ramos García, Alberto Villalobos Pacheco (Coordinadores), Gobernanza y prevención transversal en la
frontera norte de México, Op. Cit.,
p. 20.
[68] Ibíd., p. 32.
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